Política

ESPIONAJE DE LA POLICÍA FEDERAL

Américo Balbuena, “un espía de ley”

Hay espías que están entremezclados entre nosotros. Tipos que cobran un sueldo del Estado para infiltrarse e investigar en secreto a delegados y sindicalistas combativos, a organismos de derechos humanos, a ambientalistas, a comunidades originarias, a partidos de izquierda y a diversas organizaciones populares.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 8 de octubre de 2014 | Edición del día

Imagen: Enfoque Rojo

Tipos que se camuflan entre la militancia y llegan a meterse en las entrañas de esas organizaciones para, desde ahí, recoger toda la información que necesitan policías, fiscales y jueces para armar causas, procesar y hasta mandar a la cárcel a quienes luchan por sus derechos.

Américo Balbuena es uno de esos tipos. Y de no haber sido porque desde la misma Policía Federal que le paga su sueldo de espía se filtró su nombre y el dato llegó a manos de los espiados, todavía seguiría siendo “periodista” de la Agencia de noticias Rodolfo Walsh. De no haber sido el “fusible” de alguna interna policial, Balbuena seguiría haciendo su trabajo sucio, informando a sus jefes sobre las actividades, movilizaciones y conflictos que “cubría” como enviado de ese medio alternativo de comunicación.

El caso de Balbuena es uno de los que da sustento al proyecto presentado esta semana en el Congreso Nacional por el diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT), que propone derogar los decretos de la dictadura de Onganía que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal y que continúan vigentes. Como lo explicó en la edición de ayer de La Izquierda Diario Myriam Bregman, abogada de la querella en la causa contra Balbuena y redactora junto con Del Caño del proyecto, “continúa habiendo espionaje político en la Argentina” con mil agentes de la Federal “que están entre nosotros pero no sabemos quiénes son”.

Un pelado piola y “entrador”

Para infiltrarse en la Agencia Rodolfo Walsh a Balbuena le bastó contactarse, allá por el año 2002, con uno de los periodistas con quien, casualmente, había ido al colegio de chico. Así, casi como un compañero más, Balbuena empezó a recoger información de primera mano en manifestaciones, marchas, piquetes y reuniones de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, de organismos de derechos humanos y demás colectivos populares. Y lo hacía bajo la fachada de “periodista alternativo”, logrando que muchos luchadores y militantes accedieran a sus extensas entrevistas y respondieran las más variadas preguntas.

Lo curioso es que nunca necesitó usar seudónimo ni “alias” para infiltrarse en la agencia, como sí lo habían hecho muchos de los torturadores y desaparecedores de la dictadura. Él siempre fue Américo Balbuena. Con ese nombre firmaba sus coberturas como periodista, con ese nombre era un supuesto corredor de una maderera y con ese nombre figura en los legajos de personal de la Policía Federal Argentina, en el listado de “agentes secretos”.

Es que este pelado cincuentón, canchero y entrador (según la descripción de quienes lo conocieron de cerca) nunca hizo nada “ilegal”. Su tarea siempre estuvo amparada por decretos que están vigentes desde hace más de cuarenta años, cuando el dictador Onganía reglamentó en 1967 la “Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”.

Esos decretos habilitan a los “agentes” reclutados en el Cuerpo de Informaciones a realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia en las sombras, actuando de forma paralela (pero no mezclada) con quienes realizan inteligencia criminal dentro de la misma PFA. La organización interna de ese plantel de agentes (que no son ni oficiales ni suboficiales) tiene reglas que no son públicas, ya que ni son típicos uniformados ni típicos empleados del Estado. Tan secreto es todo que incluso estas personas pueden trabajar de otra cosa (en el Estado o en el sector privado) al tiempo que recolectan, centralizan y procesan la información del espionaje.

Y eso hizo Balbuena. Mientras cobraba un sueldo del ministerio de Seguridad por sus servicios de inteligencia, “militaba” en un medio de comunicación estrechamente relacionado con las organizaciones populares. Una polifuncionalidad que, sin dudas, le valió la consideración de sus superiores quienes asentaron en su legajo que es “una persona locuaz y colaboradora”.

Uno, dos, mil Balbuenas

En enero de 2010 Marcelo Saín, hoy diputado en la Legislatura Bonaerense por el partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, denunció la existencia del Cuerpo de Informaciones de la PFA. Saín había dirigido la Policía de Seguridad Aeroportuaria y un día recibió un sobre anónimo en su domicilio con toda la información sobre la oficina de espías de la Federal. Cuando en Página/12 hizo pública la denuncia contra “los intocables” a Balbuena le quedaban todavía un par de años de trabajo secreto en La Walsh. Recién en mayo de 2013, y por otra filtración de datos surgida de la misma PFA, saltó la ficha de Balbuena y el escándalo se hizo incontenible.

La denuncia de Saín (que calculó en mil la cantidad de agentes secretos) demostró que más allá del amparo del Estado con el que cuentan estos espías, el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones en realidad está prohibido por la Ley 25.520, que regimenta la Inteligencia Nacional. Con esos datos irrefutables y convocado por la querella representada por Myriam Bregman, Saín dio testimonio en abril de este año en la causa contra el espionaje del falso periodista.

Pero a pesar del escándalo y las evidencias, hasta el momento los otros 999 Américos Balbuenas siguen "trabajando" en las sombras mientras al Ministerio de Seguridad cada día lo salpica una nueva denuncia por ataques a las libertades democráticas. Tan poco interés de parte del Estado hay por terminar con el espionaje ilegal que, aunque suene paradógico, el juez Sergio Torres, quien está a cargo de la investigación del “caso Balbuena”, para sus allanamientos y pericias recurre nada menos que a la Gendarmería Nacional. Sí, la misma fuerza comandada por el ex carapintada Sergio Berni protagonista del Proyecto X y del “gendarme carancho”. Toda una definición.

El proyecto de Nicolás del Caño y Myriam Bregman para eliminar toda esa normativa que ampara el espionaje ilegal ya está presentado en el Congreso. Ahora se impone una pregunta: ¿cuántos diputados y senadores kirchneristas, radicales, macristas, massistas y del UNEN estarán dispuestos a acompañar al PTS y al Frente de Izquierda?







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