Política

LAS MISERIAS DEL CAPITALISMO

Rejas, hacinamiento y coronavirus: la barbarie capitalista y su expresión en las cárceles

En las cárceles argentinas, donde reinan el hacinamiento, las torturas y la falta de atención médica, el coronavirus deja al descubierto la vulnerabilidad y las condiciones inhumanas en que miles de personas permanecen encerradas, a merced de la brutalidad del Estado.

Miércoles 18 de marzo | 14:41

Foto CPM

La pandemia del coronavirus que tiene en vilo al mundo, golpea con fuerza a los sectores más vulnerables y castigados de la sociedad, sobre todo ancianos y ancianas y personas con enfermedades preexistentes, que muchas veces no son tratadas como deberían por la falta del presupuesto necesario destinado al sistema de salud.

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En este universo de quienes el sistema escupe, las presas y los presos son el último eslabón de una larga cadena de desidia y barbarie, desplegada por los estados capitalistas en todo el planeta.

En Argentina, la situación de hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención de miles de personas es alarmante. El importante incremento año a año de la población carcelaria en prisiones federales es un problema estructural que castiga a los sectores más empobrecidos y vulnerables.

Actualmente en las cárceles federales permanecen privadas de su libertad 14.148 personas, cuando la capacidad total del sistema es de 12.235 plazas. En los cuatro años de macrismo se incrementó en un 50 % la cantidad de detenidos.

Pero no sólo en las cárceles las presas y los presos padecen el hacinamiento. En las comisarías del país miles de personas son privadas de su libertad y se estima que cerca del 60 % de los detenidos y las detenidas lo están bajo prisión preventiva.

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La salud condenada

Los últimos informes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) determinan que más de 2.600 personas privadas de la libertad están enfermas. La mayoría con SIDA, tuberculosis y afecciones respiratorias. También hay inmunodeprimidos e internos con problemas pulmonares, que son los grupos de población con alto grado de mortalidad frente al Coronavirus (COVID-19).

La actual pandemia no es la única amenaza para la salud de las miles de personas privadas de su libertad. Otras enfermedades como el dengue son moneda corriente y la falta de limpieza, las pésimas condiciones edilicias, la falta de medicamentos, empeoran la situación.

La situación es de tal magnitud que este viernes el Servicio Penitenciario Federal (SPF) redactó un memorándum que envió a las 35 cárceles federales de todo el país, en la que hay grupos de riesgo frente al coronavirus que serían de entre 1.000 y 1.200 presos y presas.

Según fuentes del SPF, se elaborará un informe sobre los presos y presas que por su edad, condición o estado de salud forman parte del grupo vulnerable frente al coronavirus y que un contagio podría agravar su estado de salud.

Dicho informe será presentado antes los jueces de las respectivas causas y este jueves debería decidirse respecto a si las personas que están en los grupos de riesgo deben acceder a la prisión domiciliaria u otras formas de detención.

Como no podía ser de otra manera, genocidas presos por delitos de lesa humanidad aprovecharon la pandemia para solicitar el arresto domiciliario por tener más de 65 años. Son un 10 por ciento del total de detenidos por estos delitos.

La provincia de Buenos Aires

En las cárceles bonaerenses la superpoblación carcelaria supera el 120 % y las condiciones de hacinamiento en los lugares de detención son inhumanas. En las diferentes penitenciarías bonaerenses se encuentran alojadas más de 45.500 personas, pero la capacidad es para 22.000.

Tan grave es la situación que a comienzos de 2019, ante las denuncias de la Comisión por la Memoria y el CELS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado bonaerense en ese momento bajo el mando de María Eugenia Vidal, que implemente soluciones rápidas a la “crisis estructural del sistema penitenciario”.

Sin embargo, hasta el momento pareciera que la única solución concreta que se le ocurrió al gobierno bonaerense fue a través de su ministro de Seguridad Sergio Berni, quien pretende "descomprimir" las comisarías mandando a detenidos a hacinarse en celdas-containers. Su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, hasta ahora sigue haciendo silencio.

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El coronavirus desnuda la barbarie del Estado respecto a los sectores más vulnerables y a los presos y presos en particular, pero las condiciones de detención a las que son sometidos y sometidas y el prácticamente imposible acceso a la salud en las penitenciarías, es moneda corriente desde hace décadas y se sostiene durante todos los gobiernos, lo que muestra que es una política de Estado.

La Comisión Provincial por la Memoria denuncia en uno de sus informes: "la desatención de la salud integral se constituye en tortura o maltrato porque no es un aspecto inocuo o secundario del encierro: provoca que enfermedades curables se conviertan en mortales o en discapacidades permanentes que marcarán profundamente la vida de las personas. Estos hechos no se producen por casualidad o simple desidia profesional: hay decisiones institucionales que, por acción u omisión, los integran como forma de gobierno de la cárcel".

La mujeres en las cárceles bonaerenses

Dentro de los grupos más vulnerables al coronavirus son las embarazadas. No es fácil encontrar datos sobre mujeres y personas trans y travestis en situación de encierro. Pareciera que adrede se intenta invisivilizarlas.

De acuerdo a datos de diciembre de 2017, en ese momento había un total de 81 embarazadas y 62 mujeres con sus niñas y niños. Respecto de la cantidad de niños y niñas detenidos junto a sus madres, resulta especialmente grave la tendencia creciente que se evidencia desde enero de 2016 y que se profundizó durante todo el año 2017. Además entre 2002 y 2017 la cantidad de mujeres en prisión aumentó un 197.6 %, lo que confirma que desde hace años la vulnerabilidad y precariedad de la vida de las mujeres y las disidencias sexuales se profundiza.

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Ante esta pandemia es imperiosa la necesidad de aumentar en forma urgente los presupuestos de salud y asistencia social, dejando de pagar la deuda externa e imponiendo impuestos progresivos y extraordinarios a los grandes capitalistas.

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