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¿Son los salarios la causa de la actual crisis financiera en Chubut?

Empresarios, funcionarios y periodistas plantean al empleo público provincial como causante de la crisis financiera en curso y reclaman el ajuste sobre la planilla salarial. Pero, ¿es realmente el pago de los salarios la causa de la insolvencia fiscal de la provincia?

Sábado 21 de septiembre | Edición del día

Un artículo del Lic. Facundo Ball (FCE-UNPSJB) sobre la situación fiscal del primer semestre del año en la provincia de Chubut, que apunta al gasto en salarios como la causa de la actual crisis financiera, ha sido ampliamente citado y referenciado en los principales medios de comunicación de la provincia y nacionales.

Allí sostiene que en Chubut el año arranca con un resultado financiero negativo por el hecho de que los gastos superan a los ingresos, pero sostiene que en la provincia no existe un “problema de ingresos” debido a los recursos extraordinarios de las regalías petroleras. Ball apunta contra el empleo público y el aumento en el gasto en personal e incluso desdeña el problema de la deuda pública.

La cuenta pareciera ser sencilla: si el gobierno gasta más de lo que recauda, al final del período va a generar un déficit. Si las partidas de gastos e ingresos no se modifican, la única manera de cubrir ese rojo es emitiendo deuda. Si no se genera ahorro, esa deuda a mediano plazo se vuelve impagable. Esta aritmética parece asociable a cualquier “economía familiar”.

En efecto, si analizamos la ejecución presupuestaria de la provincia vemos que entre 2011 y 2017 los gastos totales superaron a los ingresos totales, por lo que el resultado financiero en este período es negativo. En 2018 los ingresos superan a los gastos y hay superávit. En sí mismo, esto no nos dice mucho.

Entre 2015 y 2018 la masa salarial pasó de 14,7 mil millones de pesos a 30 mil millones: un incremento de 107%, menos que la inflación acumulada en el período estimada en poco más del 130%. Y aunque la planta permanente viene creciendo, hoy no se encuentra a niveles que estén muy por fuera de los promedios nacionales.

Chubut tiene 109 empleados estatales por cada mil habitantes, un promedio que aún se ubica por debajo de Catamarca (168), La Rioja (162), Ciudad de Buenos Aires (160), Tierra del Fuego (160), Santa Cruz (159), Neuquén (143), Jujuy (139) y Río Negro (116). De las provincias patagónicas, Chubut es la que menos empleados públicos tiene por cada mil habitantes.

Decir que hay que ajustar el gasto en personal por el hecho de ser este rubro el de mayor importancia en las cuentas públicas es no entender el carácter centralista de la organización económica e institucional de la Argentina que hace que esto suceda en la mayoría de las provincias.

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De esa verdad de Perogrullo que afirma que si el gasto es mayor que lo que ingresa va a haber un problema de solvencia, no se desprende que un ajuste al gasto sea preferible a un incremento de los ingresos. Es que el debate en curso no se refiere a una economía familiar, sino a una sociedad divida en clases sociales con intereses opuestos, en medio de una crisis de deuda que impone un ajuste: la discusión de fondo es quién lo paga. A tono con el clamor de la Cámara Industrial de la provincia, el Lic. Facundo Ball nos sugiere que el ajuste lo paguen los trabajadores.

¿Por qué no aumentar los impuestos a las grandes empresas?

De acuerdo a un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al menos hasta 2017 la presión tributaria en Chubut (5,3% del PBG) se encontraba muy por debajo del promedio nacional (5,6%), y de otras provincias patagónicas como Tierra del Fuego (6,6%), Río Negro (7%), Santa Cruz (7,4%), e incluso por debajo de provincias con menos recursos exportables como Salta (7,3%), Misiones (7,5%) y Tucumán (7,8%).

Al analizar la ejecución presupuestaria de las provincias también podemos observar que para 2018, la masa de impuestos provinciales recaudados como proporción de la totalidad de los recursos tributarios era más baja en Chubut (40%) que en el consolidado nacional (41,6%), más baja que en Buenos Aires (56,2%), y aún más baja que otras provincias como Neuquén (56,8%). Es decir que de cada 10 pesos de recaudación impositiva en Chubut, 4 son impuestos de origen provincial y 6 son de origen nacional.

Aunque Chubut tiene las reservas petroleras más grandes del país, en 2018 los ingresos por regalías hidrocarburíferas representaron un 22% de los ingresos corrientes de la provincia. En provincias como Neuquén (24,3%) o Santa Cruz (24,9%) la contribución de las regalías petroleras fue más alta.

A principios de septiembre, un limitadísimo proyecto de ley tributaria presentado por la Mesa de Unidad Sindical, que proponía adelantar el pago de regalías, gravar algunas actividades y cobrar algunos impuestos ya legislados como el impuesto inmobiliario rural, naufragó ante la oposición cerrada de las fuerzas políticas que responden a los intereses de las principales empresas de la provincia.

La legislación nacional y provincial que regulan estas actividades más bien tuvieron un sesgo marcadamente favorables a las grandes multinacionales exportadoras. Recordemos que en 2017 se impuso una reforma al convenio de trabajo del sector petrolero (conocido como convenio Vaca Muerta), que flexibiliza la contratación e impone un régimen de trabajo y limitación de la protesta que las empresas involucradas estiman que les reportarán una reducción del 30% en los costos salariales.

También rigen en la provincia leyes de promoción industrial y del desarrollo económico que eximen a determinadas actividades del pago de impuestos a los ingresos brutos, impuesto a los sellos, etc. El sector pesquero, concentrado en unas pocas empresas como Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, o Altamare de capitales españoles, sector que en 2018 exportó más de 800 millones de dólares, se encuentra alcanzado por todo tipo de beneficios como la alícuota cero en los derechos de exportación. Sin embargo, para el Lic. Facundo Ball los intereses de las grandes empresas son sacrosantos. No merecen siquiera ser mencionados.

La deuda pública sí es un problema

El informe mencionado cierra con una ponderación del peso de la deuda pública en las cuentas provinciales, donde se reconoce que a pesar de ser una “pesada carga”, no es la causa del problema financiero de la provincia.

A contramano de toda la información respecto a la vulnerabilidad de las cuentas provinciales por su nivel de exposición al endeudamiento en dólares (86%), uno de los más altos del país; a pesar de que la provincia se encuentra paralizada por la decisión de un gobernador que prioriza el pago de una deuda usuraria por sobre los salarios y las jubilaciones, el Lic. Ball va de frente y ciego contra los trabajadores estatales, no sea cosa que también se ponga en cuestión los intereses de los especuladores financieros.

Entre 2015 y 2018 los servicios devengados en concepto de amortización e intereses de la deuda pública sumaron más de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, el stock de deuda sigue aumentando. Hoy representa más de 100 mil pesos por habitante de la provincia.

Entre 2015 y 2018 el stock de deuda se quintuplicó, pasando de 7400 millones a casi 40 mil millones de pesos. Para ese año el stock de deuda representaba el 75% de los ingresos corrientes, un nivel ya de por sí inmanejable. Este año el peso de la deuda sigue creciendo y ya ronda los 1000 millones de dólares, al tipo de cambio actual es el equivalente a la totalidad de los ingresos corrientes presupuestados.

En el primer trimestre de 2019 el pago de la deuda por amortización del capital e intereses sumó más de 3300 millones de pesos. Para fin de año los servicios de la deuda representarán más de un tercio de lo que el gobierno destina al pago de los salarios.

Pero este salto espeluznante no tiene nada que ver con la evolución de los salarios. Más bien con la espiralización de una deuda en dólares garantizada por las regalías petroleras y a tasas de interés que alcanzaron el 14,6% anual en dólares para los bonos con vencimiento a 2026. Un negocio redondo para los especuladores.

El creciente endeudamiento en dólares también amenaza a otras provincias. Pero en Chubut se está librando una batalla testigo, donde todos los actores se ponen a prueba y que anticipa un reverdecer de la lucha de clases en los próximos años. Las grandes empresas y el capital financiero buscan un nuevo piso de precarización y desempleo.

Para enfrentar a los grandes empresarios y sus funcionarios títeres, es necesario que el pueblo trabajador aglutine a las fuerzas sociales aliadas del movimiento estudiantil y de los desocupados para luchar por una salida propia a esta crisis, peleando por imponer con la movilización popular una Asamblea Constituyente libre y soberana, que discuta cómo reorganizar la provincia en función de las necesidades de las amplias mayorías, y que se un punto de apoyo en la lucha nacional por la ruptura con el FMI y sus planes de ajuste, el desconocimiento de la deuda externa usuraria y la nacionalización bajo gestión obrera del sistema energético, en el marco de una serie de medidas de fondo para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador.

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