Política

DESAPARICIÓN, MUERTE Y ENCUBRIMIENTO

Jaque a la jueza del caso Facundo: fiscales y querellas apelan fallo encubridor de la Bonaerense

El jueves pasado María Marrón se negó a secuestrar cincuenta teléfonos de policías y allanar comisarías. Los fiscales Heim y Azzolin, por un lado, y por otro Cristina Castro junto a la Comisión por la Memoria, exigen que la Cámara de Apelaciones la obligue a dar marcha atrás.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 21 de octubre | 14:17

En las últimas horas tanto los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin (Ulpiano Martínez parece “borrado” del caso pese a ser el titular de la causa) como las querellas de Cristina Castro y de la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron recursos ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca donde con los que procuran que que la jueza María Gabriela Marrón dé marcha atrás en un fallo reciente y deje de favorecer a la impunidad de los responsables de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Los escritos, a los que accedió La Izquierda Diario, cuestionan en durísimos términos y con sobrados fundamentos la negativa de la jueza a ordenar medidas fundamentales para la obtención de pruebas, tales como el secuestro y peritaje de unos cincuenta teléfonos de comisarios, subcomisarios y oficiales de la Policía Bonaerense, así como allanamientos a comisarías de la fuerza involucrada en el caso.

Ahora Marrón está obligada a responder a ambos recursos. El dilema es si vuelve a rechazar los secuestros y allanamientos (reiterando su aversión a la verdad) o da curso a la apelación. Si concede los recursos, la Cámara de Apelaciones revisará el rechazo al pedido de medidas de prueba cursado por los fiscales el 1° de octubre, confirmándolo o revocándolo. Y si Marrón los rechaza, habilita a que se interpongan recursos de queja ante la Cámara. Y ahí estará en problemas. Claro, en el caso de que la Cámara acepte los recursos y no decida hacer también su aporte a la impunidad.

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Apelación de los fiscales

En un escrito de 86 páginas, Andrés Heim (titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Procuvin) y Horacio Azzolin (de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, Ucefi), desde principios de septiembre a cargo de la causa junto a Ulpiano Martínez, presentaron un “recurso de apelación” contra la resolución de la jueza Marrón del 15 de octubre. Allí Marrón rechazó la producción de “diligencias probatorias”, causando “el gravamen irreparable” de entorpecer la investigación. Para los fiscales, ese rechazo causa un perjuicio que impide continuar investigando.

Para Heim y Azzolin “los hallazgos probatorios ocurridos hasta el momento” en la causa “exigen ser complementados con el resultado que arrojarían las diligencias” solicitadas el 1° de octubre y desestimadas por la jueza quince días después. Con detalle (y exponiendo vasta jurisprudencia) vuelven a demostrar cuáles son esas pruebas volcadas en el expediente (testimonios, peritajes y documentos) que motivaron el pedido de nuevas medidas.

“La actividad del fiscal cuenta con amplias facultades para desarrollar la labor investigativa que le ha sido conferida”, dicen los fiscales y remarcan que en todo caso la jueza (por delegar en ellos la conducción de la causa) debería limitarse a autorizar o llevar a cabo los actos pertinentes en defensa de las garantías individuales. “La Fiscalía está encargada de la recolección de pruebas en pos de verificar o refutar sus hipótesis de trabajo y, especialmente, delinear y construir una imputación a los posibles acusados”, agregan.

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Los representantes del Ministerio Público le advierten a Marrón que ella “podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes” pero que, “en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de esa hipótesis los acusadores debemos seguir y considerar”. Como detalló La Izquierda Diario, eso es justamente lo que hizo la jueza en su rechazo al pedido de Heim y Azzolin, rayando con el delito de prevaricato y poniendo un pie en el estribo de la recusación.

Con su apelación, los fiscales directamente plantean que la jueza puede estar atentando contra la obligación del Estado de “garantizar y cumplir con los deberes asumidos” de “investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”. De hecho manifiestan que esa “particular posición adoptada por la señora Jueza anula completamente la posibilidad de agotar cada uno de los cursos abiertos de la investigación y sus interrogantes”.

Heim y Azzolin se encargan también de desmentir a la jueza, que llegó a decir en su fallo (de forma peyorativa) que los interrogantes que plantean “son sesgados, parciales y carentes de razonamiento lógico y válido”. “De ninguna manera”, escriben, “los suscriptos no hemos evidenciado comportamiento extralimitado alguno”. Por el contrario, las pruebas “se han ido concatenando unas con otras” y al mismo tiempo, pese a existir la imputación a los policías González, Curruhinca, Sosa y Flores y el hallazgo de los restos de Facundo, aún esos hechos no han podido “brindar respuestas acerca de lo qué le pasó al joven fallecido”.

Para ellos “ninguna de las circunstancias que rodean la jornada del día 30 de abril pasado han sido concluyentes para explicar dicho desenlace” y, por eso, pidieron medidas para “superar el estado de incertidumbre” actual.

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Con Herrero y Yatel no, Marrón

La jueza, en su fallo del 15 de octubre, llegó a deslegitimar y hasta criminalizar al perito de la querella Marcos Herrero, el experimentado adiestrador que junto a su perro Yatel hallaron el amuleto con forma de sandía en un calabozo de la subcomisaría de Teniente Origone, rastros biológicos de Facundo en el patrullero de esa dependencia y un trozo de piedra turmalina en otro móvil de Bahía Blanca. Sin embargo, pese a considerarlo casi un “plantapruebas”, Marrón no se anima a denunciar penalmente al perito. Una contradicción que la delata.

Los fiscales afirman que pueden “comprender la posición de la señora Magistrada”, ya que a ella le “resulta mucho más fácil y simple descalificar dichos hallazgos que encontrar explicaciones al porqué esos objetos se encontraban, por un lado, en un destacamento policial –que la señora Jueza se rehúsa allanar y practicar la diligencia solicitada reiteradamente -, y, por el otro, en el patrullero Toyota Etios” que el 8 de mayo estuvo en el lugar del posterior hallazgo del cuerpo del joven.

Heim y Azzolin agregan un elemento sustancial: el evidente desapego de la jueza Marrón a defender los intereses de las víctimas, empezando por el propio Facundo y su madre Cristina Castro. Para ellos, “pese a las pautas y estándares fijados por organismos internacionales” sobre desapariciones forzadas de personas, la jueza “proyecta sobre la querella” un “halo de sospecha sobre la credibilidad de su versión de los hechos y sobre su actuación en general”. Grave. Y lo grafican con diversos hechos y circunstancias acontecidos en el marco de la causa.

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Avasallamiento

Tras un detallado racconto de hechos y circunstancias, los fiscales denuncian que la jueza incurre en “un claro avasallamiento a la autonomía que tiene el Ministerio Público Fiscal”, ya que su posición frente al caso “sólo implica seguir un único camino hacia donde entiende estaría la ‘verdad’ de lo que habría pasado con Facundo” (donde la Bonaerense sería totalmente inocente). Y remarcan que nunca habían recibido “tamaña y vulgar descalificación hacia sus respectivos trabajos, en ninguna de las múltiples jurisdicciones” en las que intervinieron y “en casos sumamente graves”.

Heim y Azzolin terminan el escrito con una pregunta y un pedido. Por un lado, plantean “cuál sería la decisión que adoptaría la señora Jueza ante la reedición del pedido o de nuevas medidas de coerción en las que esta parte considere que sean pasibles de ser alcanzados integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense”. Por el otro, le piden a Marrón “que conceda el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se eleven las actuaciones a la Cámara del Fuero de la ciudad de Bahía Blanca”, a los fines de que sea revocado el fallo del jueves 15 y, en consecuencia, se haga lugar a los pedidos oportunamente realizados.

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Apelación de las querellas

La familia de Facundo como querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querella institucional presentaron en común este miércoles a la jueza Marrón su propia apelación al fallo del 15 de octubre, aunque aclaran que adhieren a los fundamentos y consideraciones de los fiscales Heim y Azzolin. El escrito, de más de cuarenta páginas, lleva las firmas Leandro Aparicio y Luciano Peretto (abogados de Cristina Castro) y de Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano García, Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla de la CPM.

La apelación expresa dos cuestiones fundamentales. Por un lado, “ante la gravedad y arbitrariedad” de la resolución” de Marrón, analiza en profundidad los argumentos de la jueza a fin de que la Cámara de Apelaciones “revierta la decisión” por la cual se deniegan los secuestros de medio centenar de teléfonos policiales y los allanamientos de las comisarías.

Por otro lado, las querellas exponen una serie de aclaraciones “ya que, de sostenerse la valoración -temprana- que realiza la Sra. Jueza de las piezas probatorias que obran en la investigación, se profundizaría el camino que no permitirá conocer la verdad de los hechos”. De no revertirse el fallo de Marrón, sería un “daño irreparable” para la causa, afirman.

Entre otros puntos, detallan que al pretender dar por definitivas varias imprecisiones de la autopsia de Facundo (referidas a la data y las causales de muerte), “la Jueza incurre en una serie de valoraciones que no se condicen con el grado de seriedad y compromiso que una investigación de este tipo requiere”.

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Esas valoraciones (inconsistentes) llevan a Marrón a elucubrar “su propia teoría del caso”, por fuera de lo que vienen investigando fiscales y querellas. “¿Por qué la Jueza descarta la posibilidad de que Facundo haya estado en ese puesto de vigilancia (el de Origone) si no se conoce la data de muerte exacta con fecha y hora?”, se preguntan.

“La lectura sesgada” y “el enaltecimiento” de elementos poco concretos “como revelación de la verdad de los hechos” de parte de la jueza, para las querellas es “una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y, además de denegar las peticiones probatorias de los Sres. Fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial”.

Teléfonos, testigos y ADN

Otro duro cuestionamiento de las querellas a la jueza refiere a que ésta no le da casi importancia a la infinidad de irregularidades evidenciadas en los teléfonos de los (hasta ahora) cuatro policías investigados. Desde el borrado masivo de conversaciones, imágenes y videos hasta el hallazgo de mensajes altamente sospechosos, el expediente ya tiene pruebas de sobra. Pero Marrón insiste en que no y por eso se niega a secuestrar más celulares comprometidos y a allanar las comisarías.

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Las querellas también culpan a Marrón de hacer una valoración parcial y sesgada de las múltiples declaraciones testimoniales que obran en la causa, dando privilegio a unas (poco claras pero que benefician a la Policía) sobre otras (que cuentan detalles de lo que vieron y comprometen a varios bonaerenses). Gran parte de esas pruebas desestimadas por la jueza vienen siendo explicadas con detalle por la familia de Facundo y sus abogados, tal como lo hicieron en una extensa entrevista con este medio.

Para Cristina Castro, sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria es agraviante por demás que la jueza Marrón desvalorice y relativice la contundencia de los hallazgos del amuleto de madera en la comisaría de Origone, de la turmalina en le patrullero de Bahía Blanca y de rastros de ADN compatibles con Facundo en el móvil que el 30 de abril manejaba el teniente Alberto González.

“La ofensiva e infundada duda sobre la palabra de Cristina”, se lee en el escrito, “debió enmarcarse en el más estricto cumplimiento de lo dispuesto por los párrafos 1 y 2 del artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, sentencia las querellas. Lo mismo dicen sobre el prestigio mancillado del perito de parte Marcos Herrero, casi tildado de delincuente por la jueza. Así, la acusan directamente de pisar la integridad de las víctimas y sus familiares.

Luego de demostrar con hechos concretos la trayectoria intachable del perito Herrero, las querellas sugieren con diplomacia que “en todo caso la Jueza debería poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal Argentina, en el caso del puesto de Tte. Origone, y a los funcionarios actuantes de la Gendarmería Nacional Argentina, en el caso del registro del móvil policial” de Bahía Blanca.

Al igual que los fiscales Heim y Azzolin, la familia de Facundo y la CPM dicen que “respecto de la descalificación manifiesta e indicación de posible comisión de un delito de acción pública por parte del perito”, la propia jueza marrón “se encuentra dotada de las facultades necesarias para ordenar la investigación ante la posible comisión de delito, si es ese su razonamiento. ¿Quién mejor que ella misma para garantizar una denuncia acorde a sus fuertes convicciones y, a su vez, por ello mismo dotarla de rapidez y profundidad? El hecho de insinuar esta circunstancia y no accionar por las vías correspondientes –aun teniendo sobre sí el deber de hacerlo–, nos abre un interrogante sobre la finalidad velada de tal consignación en contra del perito de parte”. Lapidario.

Es la Bonaerense, estúp...

Para las y los querellantes, “el único modo con el que contamos al momento para lograr un acercamiento a la verdad o a la formulación de hipótesis certeras es la producción de medidas que coadyuven a robustecer o descartar hipótesis planteadas en la investigación del caso. Y como ya ha sido demostrado, los elementos que puedan obtenerse de dicho Puesto de Vigilancia (el de Origone) o de los celulares requeridos por los agentes fiscales podrían ser claves para ello”. Sobre todo, agregan, porque “el modo en que se ejecutan delitos de este estilo, propenden a poner la maquinaria estatal como parte del engranaje que cierra los caminos de búsqueda de la verdad”.

En el marco de todo lo dicho, plantean la necesidad de posar “una mirada al pasado reciente” de la Policía Bonaerense, principal sospechosa de la desaparición forzada de Facundo. Para ello toman como antecedente fundamental la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, donde “dado su rol como brazo auxiliar e irregular de las fuerzas armadas” la Policía Bonaerense “fue parte del entramado represivo” y “quedó signada como una policía violenta, que ha instaurado en democracia de manera paulatina una práctica que devino en sistemática, basada en el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias e ilegales, ejecuciones ilegales y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

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Sumado a la ilegalidad creciente de la Bonaerense en las calles está también el desarrollo de “un accionar marcadamente corporativo basado en ‘pactos de silencio e impunidad’ que se sostiene aun en la escena judicial”. Todo lo cual lleva a que, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y “el carácter relevante que tomaron las fuerzas de seguridad”, el caso de Facundo Castro deba inscribirse en ese cúmulo de arbitrariedades y violencias de la Bonaerense sobre la población, con legitimación total del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Nada de eso hizo la jueza Marrón (ni el fiscal Martínez mientras fue el mandamás de la causa). Por eso las querellas la acusan de contribuir a la impunidad, no corriéndose “de las concepciones judiciales tradicionales, marcadamente formalistas y conservadoras con prácticas y ritos institucionales tradicionales que no se condicen con la celeridad procesal que se impone para la investigación de un hecho de estas características”.

Finalmente, ante la fundamentada acusación de una práctica sistemática agraviante hacia las querellas por parte de la jueza María Gabriela Marrón, no solo exigen que la jueza acepte el recurso de apelación y lo eleve a la Cámara Federal de Bahía Blanca para que resuelva, sino que se reservan el derecho de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función de encontrarse “en juego la interpretación de normas de carácter federal”.

Como se dijo en otro artículo, a esta altura la jueza Marrón ya debería ser analizada en el marco del delito de prevaricato y ameritaría su recusación sin dilaciones. Sobre todo porque en su fallo del jueves pasado afirmó que hay “prueba objetiva y de calidad reunida en la causa” que daría cuenta de que Facundo nunca pasó por las comisarías de Mayor Buratovich, Teniente Origone o ninguna otra. Y hasta asegura que esas “pruebas” dan cuenta de que el joven “siguió su camino”, “dejando atrás los controles policiales y transitando el camino de vías que bordea la ría, lugar donde fueron hallados sus restos”.

Las apelaciones de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin y de la familia de Facundo y la Comisión por la Memoria, ratifican ese razonamiento. Ahora resta saber qué hará Marrón con esos recursos presentados en las últimas horas. Que los acepte o no, por la trascendencia del caso, claramente excede sus propias posiciones ideológicas (guiadas por el “linaje” que la parió).

En el desenlace de este capítulo del caso quizás pueda entenderse si la negativa de la jueza a investigar a fondo a la Policía Bonaerense y sus cómplices estuvo solamente guiada por las ganas de ser recusada y apartada de la causa (quitándose de las manos una papa a punto de quemarse) o bien fue acompañada por el sistema político-judicial interesado en mantente impune a la maldita fuerza represiva que conducen Axel Kicillof y Sergio Berni.







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